Gobierno Regional detiene entrega de cajas de alimentos luego de resolución de Contraloría

Diversos cuestionamientos se generaron debido a que el diputado Luis Rocafull y el senador José Miguel Insulza realizaran una denuncia en Contraloría por la adjudicación de la distribución de cajas de alimentos en la región de Arica y Parinacota.

La Contraloría General de la República, mediante la resolución 42, decidió declarar ilegal el contrato directo entre la Intendencia Regional de Arica y Parinacota y la empresa Tobar y Tobar Ltda, por la distribución de 22.500 cajas familiares durante la actual emergencia sanitaria.

Intendente

En el punto de prensa habitual del COVID-19 de este domingo 14 de junio, el Intendente Roberto Erpel, se refirió al tema, «hemos recibido los antecedentes de la Contraloría Regional y por lo mismo decidí suspender, el mismo día sábado que tomé conocimiento, la entrega de las canastas familiares”, comentó Erpel, quien aseguró estar tomando las medidas necesarias para continuar con este apoyo para las familias más vulnerables.
«Hoy es muy importante restablecer este proceso, la ayuda para las familias mas vulnerables de nuestra región no se puede detener, voy a trabajar incansablemente para poder restablecer esta ayuda», finalizó el Intendente.

El Cuestionamiento

Específicamente, la representación de la Contraloría tiene relación con que la empresa Tobar y Tobar Ltda, no pertenece al rubro alimentación, sino que su ámbito de acción es el de prestar Asesorías Empresariales y Jurídicas.

«Ni el objeto social, ni el giro declarado ante el SII de la empresa Tobar y Tobar Ltda. tienen relación con el objeto del contrato, sin que en el acto administrativo en examen se señalen los motivos que condujeron, primero, a requerir cotización y, luego, a suscribir con ella el contrato en cuestión, mediante la modalidad de trato directo», detalla la resolución N°42 del órgano contralor.

Parlamentarios

Si bien el Diputado Luis Rocafull y el Senador José Miguel Insulza, realizaron una denuncia ante la contraloría por irregularidades en el proceso de adjudicación de las 22.500 canastas de alimentos, la Contraloría aún no resuelve esa solicitud “Una de las dos funciones que tiene un diputado, tiene que ver justamente con la fiscalización de los actos administrativos que realiza el gobierno central, por supuesto también los gobiernos regionales. En este sentido obviamente, que una compra tan importante y de una tremenda importancia para la gente, es un tema tan sensible», señaló el diputado.

El parlamentario, continuó señalando que comenzaron a investigar, pues todos los documentos son públicos, solicitando también información  al intendente “solicitamos información a la autoridad regional, para tener mayores antecedentes, algo que nunca llegó”. Frente a eso, el parlamentario indicó que hicieron un resumen de los antecedentes y  le solicitaron  a la Contraloría de la República, para que a través de la Contraloría Regional “Se pudiera investigar estos actos administrativos que a la luz, pareciera que hay algunas irregularidades” indicó.

CORE exige renuncia de Intendente y Administrador Regional

La Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional (CORE) analizó este domingo los graves hechos dados a conocer por la Contraloría por posibles irregularidades. Afirmando que esto significa realizar un nuevo proceso de compra, lo que genera una gran preocupación respecto de los tiempos que esto requiere.

Recordemos que el CORE aprobó destinar 900 millones del 5% de emergencia del FNDR para realizar esta compra, por lo que exigieron de manera unánime que el Gobierno Central tome cartas en el asunto para enmendar esta situación, solicitando además la inmediata renuncia del Intendente Regional, Roberto Erpel, del Administrador Regional, Giancarlo Baltolú y de todos quienes resulten responsables de estas irregularidades. 

“Se ha perdido la confianza legítima en la capacidad de liderar y asegurar la transparencia del proceso de entrega de estas ayudas sociales y por ende, la capacidad de enfrentar la grave crisis sanitaria y socioeconómica por la que atraviesa nuestra región. Situación que se ve agravada por la suspensión en la entrega de canastas familiares, perjudicando a las familias de la región que están esperando el beneficio” constató el CORE posterior a la reunión lleva a cabo este domingo 14 de junio.

Diputado Baltolu

“Claramente estamos ante un hecho que debe ser investigado a detalle, se deben aclarar los montos, los responsables de tomar las decisiones, cómo se llegó a la empresa involucrada y las verdaderas razones tras esta adjudicación”, dijo el diputado Nino Baltolu, quien anunció el envío de un oficio de fiscalización dirigido a la Intendencia Regional de Arica y Parinacota solicitando antecedentes e información tras la cuestionada adjudicación.

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