Juzgado de Garantía de Arica ordena la prisión preventiva de nueve imputados por tráfico de migrantes agravado
El Juzgado de Garantía de Arica dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a Franciska Jabihera Arenas Saavedra, Luis Daniel Acosta Córdoba, Carmen Gloria Faúndez Linares, Leonardo Jesús Labarca Ferrebus, Gustavo Adolfo Ferrebus Bracho, Víctor Alonso Ferrebus Bracho, Deivy José Borrego Rivera, Jehan Robert Matos Acosta y Carlos Mauricio Acha Cartes, imputados por el Ministerio Público como autores de siete delitos consumados de tráfico de migrantes agravados, dos delitos de tráfico de migrantes simples y asociación ilícita para el tráfico de migrantes. Ilícitos que habrían perpetrado desde enero pasado, en la comuna.
En la audiencia de formalización (causa rol 463-2022), el magistrado Juan Araya Contreras ordenó el ingreso de Arenas Saavedra, Acosta Córdoba, Faúndez Linares, Labarca Ferrebus, los hermanos Ferrebus Bracho, Borrego Rivera, Matos Acosta y Acha Cartes al Complejo Penitenciario de Acha y al Complejo Penitenciario Femenino, respectivamente, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
En la causa, el tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional en contra de los coimputados Juana Illacutipa Mamani, Jorge Daniel Ponce Illacutipa, Mauricio Antonio Seguel Cádiz y Onesky Nassiel Andrade Fernández.
Según el ente persecutor, desde enero pasado a la fecha, la organización criminal de carácter transnacional que conformaban los imputados, se coordinó con la finalidad de promover y facilitar el ingreso al país de ciudadanos venezolanos, quienes después de pasar por Colombia, Ecuador y Perú, eran ingresados al territorio nacional a través de pasos no habilitados de la frontera con Perú, previo pago de montos que fluctuaba entre 200 y 800 dólares.
Actividad ilícita que montaron utilizando redes sociales y agencias de turismo virtuales, en las que se promocionaba la migración ilegal en diversos países del continente. Una vez en Chile, los migrantes eran enviados, vía aérea, a Santiago y otras ciudades del país. En total, según la fiscalía, la organización logró el ingreso de 1.615 migrantes, entre ellos 257 menores de edad y adolescentes.
