Con trabajo coordinado refuerzan fiscalización por extracción ilegal de aguas subterráneas

En un trabajo liderado por la Dirección Regional de Aguas del MOP, y coordinado con la Armada de Chile y la Bidema de la PDI, se procedió a la fiscalización de un predio agrícola en el sector de Caleta Vítor, donde se detuvo a un individuo por extracción no autorizada y por infracción al Código de Aguas.

El procedimiento de la DGA se suma a lo que se viene realizando en los últimos años, destacando que hasta el 31 de diciembre de 2021, esta región mantenía el mayor número de expedientes de fiscalización por extracción no autorizada de aguas a nivel nacional.

En este sentido la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque, destacó el trabajo de la DGA que va en la línea del discurso del presidente Gabriel Boric, “ya que debemos dar un buen uso a los recursos hídricos, priorizando el consumo humano y el uso racional para las actividades productivas. Para esto, es fundamental la fiscalización que realizan los funcionarios de la Dirección Regional de Aguas de Arica y Parinacota, quienes están trabajando de manera coordinada con la Armada de Chile y con Brigada de Medio Ambiente de la PDI”.

Por su parte el seremi de Medio Ambiente, Diego Arellano, quien participó en la fiscalización manifestó que, “estamos comprometidos por trabajar en una transición ecológica justa para llegar a ser el primer Gobierno Ecológico, nos sentimos muy conformes con las acciones en conjunto realizadas con la DGA, la Bidema y la Armada, puesto que el uso ilegal de terrenos que se emplazan dentro del humedal de la desembocadura del Río Vítor, provocó la eliminación progresiva de la vegetación por cultivos lo que causa un daño ambiental tremendo, sumado a los pozos ilegales que se hicieron allí, afectan los recurso hídricos de la cuenca, por lo que la recuperación de estos terrenos es muy relevante para evitar actividades antrópicas dañinas para la biodiversidad”

Datos

Desde la Dirección Regional de Aguas del MOP, indicaron que entre 2018 y 2022 se abrieron 173 expedientes de fiscalización, de los cuales 40 corresponden a denuncias y 133 de oficio, es decir, por iniciativa de la DGA. En el detalle, 102 expedientes fueron por extracción de agua no autorizada, 31 por obras no autorizadas en cauces, 27 por monitoreo de extracciones efectivas, 8 por extracción de áridos no autorizada y 5 por otras causas.

Finalmente, se cursaron 16 multas por extracción de agua no autorizada, 9 por obras no autorizadas en cauces y 4 por monitoreo de extracciones efectivas. Estos 29 expedientes con multa, implican 12.483 UTM a pagar al fisco.