Con preocupación y molestia reaccionó el senador José Miguel Durana (UDI) tras conocer el informe que realiza periódicamente el Poder Judicial de los hogares de la red de protección de niños, niñas y adolescentes que arroja sobrepoblación, violencia entre niños y abandono, afirmando que los Magistrados forman parte del problema y no de la solución.
“Los jueces confunden la ley que especifica que existen hogares para la niñez y adolescencia vulnerable y centros para infractores de ley, ya que en la actualidad están enviando a menores transgresores a las residencias de niños vulnerables afectando con ello completamente el sistema que debe velar por la protección de los menores”, remarcó el legislador.
En Arica, junto a la seremi de Desarrollo Social, María Isabel Cid y la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia “Mejor Niñez” de Arica, Elizabeth Salinas y funcionarios, el parlamentario visitó la Residencia Familiar Masculina de administración directa para interiorizarse de su funcionamiento.
“Nos encontramos con un Centro ordenado, aseado, sin hacinamiento, que cumple con las características legales para la atención de niños y jóvenes vulnerables, pero debemos estar atentos a que no se repita el error de otras regiones, donde los jueces envían adolescentes infractores a estas casas de acogida, derivando en hechos de violencia que e inseguridad”, precisó el senador Durana.
En este sentido, el legislador expresó que, producto del ingreso de migrantes ilegales también esta generando un problema para las residencias femeninas y masculinas en el país, ya que hasta la fecha -detalla el Poder Judicial- hay más de 500 niños en total abandono en residencias, incluidos extranjeros.
“Quienes elaboran este informe -magistrados y equipos técnicos- deben asumir la responsabilidad del error que están cometiendo por lo que estaré especialmente atento de que las residencias que funcionan en Arica no vean empañadas su labor de protección”, puntualizó Durana Semir.
El informe elaborado por jueces y equipos técnicos de Juzgados de Familia se realiza trimestralmente, desde el año 2016 y cuenta con una Unidad de Seguimiento que preside el supremo Diego Simpértigue, haciéndolo público y enviándolo al Ministerio de Justicia para su conocimiento y eventual adopción de medidas. “Espero que el ministro del ramo, Luis Cordero, no omita la responsabilidad que tienen los jueces de garantía”, afirmó el senador Durana.
