Más del 50% de los deudores de pensiones de alimentos inscritos en la región han pagado o llegado a acuerdo de pago

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó en 2022 la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La norma, aprobada durante el primer año, comenzó a implementarse en mayo de 2023, permitiendo que, desde entonces, el Estado asuma un rol como persecutor del patrimonio del deudor, creando además dos mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.

Al mes de octubre de 2024, a poco más de un año de implementación de esta ley, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia ya habían ordenado el pago de más de $1 billón 360 mil millones de pesos a través de los mecanismos que establece la ley, es decir, un equivalente a 33 teletones. A la misma fecha, se habían pagado más de $588.275 millones.

Tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que, al mes de febrero de este año, se han realizado más de 132.541 cancelaciones de inscripciones de deudores que figuraban en el registro, es decir, cerca del 45% de los deudores que han ingresado al Registro de Deudores, han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.

Sobre todos estos importantes avances y lo que involucra el proceso del ingreso de los deudores al Registro Nacional de Deudores, los mecanismos que establece la ley, las instituciones que pueden apoyar a las mujeres en el proceso, entre otros, fueron los temas que el día jueves, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, de Arica y Parinacota, Camila Roberts Azócar y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, Ana Vargas Valenzuela, abordaron en el programa semanal Arica Para Todas, en Radio UTA.

Al respecto, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, de Arica y Parinacota, Camila Roberts Azócar, destacó que “Ha sido una política muy efectiva, solo en nuestra región más del 50% de los deudores inscritos ha pagado o está en proceso de pago de su deuda, lo que además de restituir el derecho de cientos de niños, niñas y adolescentes, entrega mayor dignidad a las mujeres cuidadoras y las resguarda de la violencia económica y de otros tipos de violencias, debido a los mecanismos que establece la ley” .

En el mismo sentido, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ana Vargas Valenzuela comentó “Aquí [con esta ley] podemos hablar que efectivamente existe justicia, o sea si tenemos que materializar qué es la justicia, esta es una ley que permite obtener justicia…se generan medidas para poder efectuar el pago efectivo de los alimentos o la deuda, que es un derecho del niño, la niña o de los/as adolescentes”, además hizo un llamado a tener en cuenta que el cobro no es retroactivo, es decir, la deuda solo se calcula desde que se realiza la demanda.