Justicia de Arica dicta 7 años de presidio efectivo por ataque armado ocurrido en 2022
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Matías Felipe Gálvez Escobar a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en diciembre de 2022, en la ciudad.
En fallo unánime (causa rol 155-2026), el tribunal –integrado por los magistrados Elsa Castro Lillo (presidenta), Ángela Stenger Reyes (redactora) y Eduardo Rodríguez Muñoz– aplicó, además, a Gálvez Escobar las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente las 12:55 horas del 3 de diciembre de 2022, “(…) Gálvez Escobar con la intención de causar la muerte o, a lo menos, representándose ese resultado como consecuencia posible de su actuar y aceptándolo, quien mantenía además puesto un chaleco táctico de apariencia antibalas y se encontraba premunido de un arma de fuego, junto a un sujeto de nombre Felipe, se dirige hasta el inmueble ubicado en calle Patricio Lynch (…) de la ciudad de Arica, lugar en el cual el acusado Gálvez Escobar exige a los ocupantes del domicilio le abran la puerta, para luego apuntar hacia el interior del inmueble por una ventana, momento en el cual su acompañante le realiza una señal al acusado para que ingrese por el inmueble del domicilio contiguo, donde se encontraba la víctima de iniciales M.A.A.H., ingresando por el segundo piso de la casa colindante ubicada en Patricio Lynch (…), donde procede a agredir a la víctima con, a lo menos, dos disparos en diferentes partes del cuerpo, verificada la agresión en los términos señalados el acusado se da a la fuga del lugar”.
A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con herida por arma de fuego en extremidades inferiores y pared abdominal, de carácter grave.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
