Fiscalía logra condenar a organización por tráfico de 17 migrantes a Chile
Tras presentar una serie de pruebas, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota logró que se condenara a los cuatro miembros de una organización dedicada al tráfico de migrantes hacia Chile, quienes en septiembre del año pasado ingresaron clandestinamente al país, por un sector de campo minado, a 17 extranjeros, entre ellos un menor de 1 año y 10 meses.
Los acusados Yonaiker Martínez Ramos, Jesús García Sotillo y Edixon López Rodríguez (todos ciudadanos venezolanos), además del ciudadano colombiano Jhon Ramos Mesías, fueron condenados por el delito de tráfico de migrantes, en el marco de un juicio abreviado que se realizó en el Juzgado de Garantía.
La indagatoria, dirigida por el Fiscal Daniel Valenzuela, quien trabajó junto a la sección OS-9 de Carabineros, estableció que en la tarde del 27 de septiembre un sujeto no identificado contactó en Tacna (Perú) a extranjeros ofreciendo ingresarlos clandestinamente a Chile, a cambio de un pago de 100 dólares por persona y otros 20 dólares por transportar cada maleta. Así, los extranjeros fueron trasladados en varios taxis por los 4 acusados hasta las cercanías de la frontera, para luego hacerlos descender de los vehículos, iniciando la marcha hacia nuestro país.
En este contexto, el grupo de 17 migrantes –entre ciudadanos venezolanos, colombianos, dominicanos y cubanos- se desplazó por la frontera e ingresó a Chile por un paso no habilitado, en el sector del hito 14, donde existen campos minados debidamente señalizados, siendo detectados por funcionarios de Carabineros que patrullaban el lugar.
“La investigación estableció que los migrantes caminaron por horas hasta cruzar la frontera y que la organización tenía roles definidos, puesto que dos acusados guiaron y acompañaron a los migrantes, mientras que los otros dos estaban alertas ante la presencia policial o en caso de algún problema en el trayecto”, explicó el Fiscal Daniel Valenzuela.
Cada acusado fue condenado a una pena de 5 años de presidio, sin embargo, el tribunal sustituyó la pena privativa de libertad por la pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional, más la prohibición de retornar a Chile por un periodo de 10 años.
