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El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, sostuvo una teleconferencia con el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina, Jan Jarab, como respuesta a la carta enviada a Michelle Bachelet, donde solicitó a la ex presidenta mediar ante Perú por vulneración de DD.HH de los más de mil ciudadanos peruanos varados en Arica.

Espíndola explicó a Jarab que, durante los últimos 50 días, la situación de los extranjeros no ha hecho sino empeorar. Si bien el consultado peruano en Chile financia alojamiento y alimentación a cientos de sus compatriotas, son muchos más quienes pernoctaron durante semanas afuera del recinto, sin solución alguna por parte del Gobierno del vecino país para entregar una solución que permita el traslado de estas personas tan solo 57 kilómetros vía terrestre.

Además, recalcó el completo estado de abandono en el que se encuentran al menos 700 extranjeros, incluso algunos han sufrido contagios por Covid-19 y han arriesgado sus vidas intentando cruzar la frontera de manera ilegal, por territorios que aún presentan una alta peligrosidad por minas rezagadas que pueden quedar de los trabajos de desminado del Ejército.

“Ya hay 35 personas que pasaron de manera ilegal a Perú, hay personas que han intentado pasar por pasos no habilitados, pero que han sido detenidos en la frontera con tiros al aire y se han tenido que devolver finalmente a Chile. Esta es una situación que es intolerable por parte de un Estado que tiene que hacerse cargo de sus connacionales”, enfatizó el jefe comunal.

Jarab enfatizó en la videoconferencia la seria vulneración al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y regresar a su tierra. Por tal motivo, comprometió estudiar el caso para encontrar una solución al grave problema de estas familias peruanas.

Contacto con canciller

En la misma línea, el alcalde Espíndola sostuvo una reunión virtual con el ex canciller Heraldo Muñoz, quien traspasó la preocupación al canciller Teodoro Ribera, a fin de reforzar las medidas que han sido adoptadas en Arica a nivel gubernamental y lograr gestiones de similar éxito a las realizadas con el Gobierno de Bolivia ante la situación de sus connacionales en Tarapacá.

“Se contactó con el actual canciller para también poder dejar de manifiesto esto que nosotros venimos denunciando desde hace más de 50 días. Yo mantengo también las reuniones con las autoridades gubernamentales acá en Arica y, de este modo, poder generar una presión para que realmente haya un cambio, para que las personas peruanas puedan ingresar finalmente a su país”, enfatizó el alcalde.

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