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Defensor de la Niñez advierte sobre el impacto del desalojo en Cerro Chuño y pide proteger a más de 800 niños y adolescentes

Tras una serie de reuniones con autoridades regionales, Anuar Quesille advirtió que en la región concentra una serie de problemas que afectan a la niñez y adolescencia, y enfatizó la necesidad de reforzar la coordinación institucional frente a casos de alta complejidad en el territorio.

Tras dos días de trabajo en Arica, el Defensor de la Niñez Anuar Quesille, concluyó una agenda de reuniones con autoridades regionales, en la que abordó la compleja situación que enfrenta la región en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Durante la visita, la autoridad advirtió la convergencia de fenómenos como crimen organizado, explotación sexual, movilidad humana, pobreza, exclusión educativa, salud mental y brechas del sistema de protección especializada.

Durante su visita, el Defensor sostuvo reuniones con el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera; la presidenta (s) de la Corte de Apelaciones de Arica, Ministra María Verónica Quiroz; el Delegado Presidencial, Cristián Sayes; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Paulina Gálvez; y el Seremi de Bienes Nacionales, Cristián Pradenas. En estos encuentros se abordaron materias vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, explotación sexual, movilidad humana en frontera, proceso de desalojo en Cerro Chuño, el funcionamiento del Sistema de Garantías y la necesidad de contar con protocolos y canales permanentes de coordinación.

El Defensor de la Niñez señaló: “la región enfrenta una situación compleja en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde convergen crimen organizado, explotación sexual, movilidad humana, pobreza, exclusión educativa y un sistema de protección tensionado. Frente a esa realidad, la respuesta del Estado no puede ser fragmentada ni tardía. Debe ser urgente, coordinada, preventiva y sostenida”.

También se abordó el proceso de desalojo en Cerro Chuño, donde se estima la presencia de más de 800 niños, niñas y adolescentes. Al respecto, el Defensor advirtió que cualquier intervención estatal debe incorporar estándares de protección antes, durante y después del operativo, con trazabilidad social, educacional y de salud.

La agenda incluyó además una actividad participativa con niños, niñas y adolescentes vinculados a los Consejos Consultivos de Cecrea y de la Oficina Local de la Niñez de Arica, instancia en la que se realizó una devolución del modelo de participación piloteado durante 2025.

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