Más de $31 mil millones en pensiones de alimentos se han ordenado pagar en Arica desde la entrada en vigencia de la Ley 21.389

A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el Juzgado de Familia de Arica ha ordenado el pago de más de 31 mil millones de pesos, mediante los procedimientos especial y extraordinario.
De acuerdo a las cifras entregadas por el Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, el tribunal ariqueño ordenó pagar un total de $31.461.219.740.
Este monto se desglosa en $1.828.052.533 cobrados a través de un procedimiento especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros) y $29.633.167.207 cobrados a través de procedimiento extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP).
Al respecto, la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Lucía Valenzuela, explicó que el tribunal ha tenido que redoblar su trabajo en estos cuatro años para dar cumplimiento a las solicitudes cursadas por usuarias y usuarios que buscan el cobro de pensiones de alimentos. “Cada vez llegan más usuarios al tribunal en busca del pago de la pensión de alimentos. Ellos presentan la solicitud en el tribunal y su causa ingresa a través de la Oficina Judicial Virtual o directamente o a través de la Unidad de Atención de Público”, explicó la magistrada.
En tal sentido, para dinamizar las solicitudes debieron destinar dos profesionales para la tramitación de las causas y para el próximo año el tribunal contará con otro funcionario que apoye ese trabajo.
Hace unos días, el Poder Judicial informó que los tribunales de familia de todo el país han ordenado pagar un monto acumulado de $3.885.443.300.562 ($3,88 billones). Al entregar esta cifra, la presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich recalcó que “estos resultados no habrían sido posibles sin el enorme esfuerzo que están realizando las personas que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia y en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo. Entonces, merecen un especial reconocimiento, porque han debido hacerse cargo de estas nuevas exigencias con un gran costo humano, entendiendo que se trata de una tarea que va en beneficio especialmente de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables”.



