Fiscalía de Arica inicia juicio oral por fraude, cohecho y lavado de activos en la Dirección de Vialidad

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica comenzó, este lunes, a presentar sus pruebas en el inicio del juicio oral que se sigue en contra de siete acusados en el marco de una investigación por delitos de corrupción pública al interior de la Dirección Regional de Vialidad. La indagatoria, que se inició en 2023, estableció la participación de funcionarios de esa repartición, quienes recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse proyectos mediante una empresa de fachada.

Tres de los acusados que enfrentan el juicio oral eran funcionarios de la Dirección de Vialidad, mientras que dos acusados corresponden a trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó dichos trabajos en la zona y por los cuales se concretaron pagos ilícitos. En tanto, otras dos personas corresponden a cónyuges de los funcionarios públicos que estaban al tanto de los ilícitos. Los delitos imputados son fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, entre otros hechos.

La investigación de la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica estableció que, en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos y otros roles al interior de Vialidad, los funcionarios públicos favorecieron a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo millonarios pagos por ello.

Uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V. En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto (pavimentación de un puente en ese sector), cobrando la suma de $49.739.148 pesos. Sin embargo, los imputados subcontrataron a una tercera empresa que fue la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de 32.130.001 pesos. De esta forma, el matrimonio se quedó con la diferencia de ambos montos (17.608.147 pesos). Toda esa acción ilícita fue concertada y aprobada además por el fiscalizador general del contrato y amigo de ambos G.L.F.

Los acusados repitieron la misma acción, pero esta vez en el marco de los trabajos de reparación y remodelación de la ruta A-27 de acceso al Valle de Azapa, adjudicada también a la empresa Constructora F.V. Así, la firma DELMEDH SPA, se adjudicó una obra menor de modificación de cámaras de alcantarillado, por un monto total de $86.632.000 pesos. Sin embargo, el trabajo finalmente fue realizado por una tercera firma que solo cobró $35.500.000 pesos, por lo que los imputados se apropiaron del saldo restante de al menos 51.132.000, cifra repartida en partes iguales por los acusados.

La investigación estableció otros dos hechos delictivos similares, dado que los otros funcionarios públicos también recibieron distintos pagos por parte de las constructoras, para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos.

En tanto, los ejecutivos y trabajadores de la empresa San Felipe realizaron distintas maniobras para concretar estos traspasos ilícitos, entre ellos la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.

En el marco de esta investigación de corrupción pública, otros seis acusados ya fueron condenados anteriormente por estos ilícitos al enfrentar juicios abreviados.
Durante el juicio, la Unidad de Alta Complejidad presentará una batería de pruebas, como la declaración de testigos, funcionarios policiales y peritos, así como prueba documental, entre otros elementos.