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Tribunal Oral de Arica condena a 8 años de presidio efectivo a autores de robo con intimidación

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Edmundo Alberto Carvajal Guerrero y Álvaro Andrés Jara Lorca a la pena de 8 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de robo con intimidación. Ilícito perpetrado en septiembre del año pasado, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Carvajal Guerrero y Jara Lorca las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de cargo u oficio público y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de las condenas.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 10 horas del 1 de septiembre de 2018, en la vía pública, Carvajal Guerrero y Jara Lorca, previo concierto con el propósito de sustraer especies, abordan a la víctima M.R.V.S., a quien intimidaron mostrándole un cuchillo y manifestándole que lo iban a asaltar. 

“(…) para luego el acusado Edmundo Alberto Carvajal Guerrero reducir a la víctima tomándola; en tanto que el acusado Álvaro Andrés Jara Lorca registró a la víctima, sustrayendo una chaqueta en cuyo interior mantenía la suma de $70.000, especie con la cual los imputados huyeron del lugar. Luego, los acusados regresaron donde la víctima, a quien volvieron a intimidar exhibiéndole cuchillos, ante lo cual la víctima huyó, cayendo al suelo durante su huida, resultando con escoriaciones en antebrazo derecho, mano izquierda y rodilla izquierda, lesiones leves; instantes en que los acusados continuaron intimidando a la víctima con los cuchillos, exigiéndole la entrega de especies, para finalmente los acusados huir del lugar, siendo detenidos posteriormente, en las inmediaciones por Carabineros, logrando recuperar la víctima, únicamente la chaqueta sustraída”.

Una que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Fuente : Poder Judicial

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