Regional

Defensoría instala computadores para videoconferencia con imputados de la cárcel

Desde hace un par de semanas y a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Defensoría Penal Pública a nivel nacional ha dejado de prestar atención presencial a usuarios y público en general. Es por ello que en Arica, se han implementado una serie de canales para mantener el contacto, como ha sido los teléfonos, el correo electrónico y las redes sociales.

A medida que el peligro por la propagación de la enfermedad aumentaba, también lo hacían las diversas restricciones para la atención de los usuarios privados de libertad, esto para evitar un contagio en el recinto penal y mantener la seguridad de los imputados, condenados y del personal de Gendarmería.

Es así como hace dos semanas se implementó una línea telefónica para que los defensores penales públicos, pudieran entrevistar por esta vía a los usuarios y mantenerlos al tanto del estado de su causa.

Sin embargo y para mayor tranquilidad de los usuarios y sus familias, durante los próximos días se dará inicio a la modalidad videoconferencia, así lo explicó el Defensor Regional, Claudio Gálvez: “Hemos tomado diversas medidas que apuntan a seguir entregando una defensa de calidad a todos nuestros usuarios y mantenernos en contacto con ellos es fundamental, por ello y tras diversas gestiones, se contará con dos computadores que permitirán realizar videoconferencias entre los defensores y los imputados, uniéndose a los teléfonos que se han implementado hace un tiempo y siendo una nueva alternativa tecnológica para seguir en contacto”

Nuevas tecnologías y atenciones 

Respecto a la implementación de los dos computadores el Jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Francisco Concha, detallo que “con la utilización de los teléfonos y videoconferencia para las entrevistas con imputados y condenados con requerimientos, podríamos estar atendiendo a cerca de 50 a 60 personas diarias, lo que en 7 días podría llegar a 420 personas entrevistadas en una semana. Además, permite la interacción `cara a cara´ entre abogado y la persona privada de libertad”.

Aproximadamente la Defensoría Penal Pública de la región, atiende a 350 imputados en prisión preventiva y entre 140 y 150 condenados con requerimientos y solicitudes específicas, los que se dividen en 16 defensores penales y 2 defensores penitenciarios.

“Acá no solo se trata de atender, si no de mantener la calidad y respetar los estándares de defensa bajo los cuales cada defensor se rige. Debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias y seguir trabajando por los derechos de cada uno de nuestros representados”, finalizó Gálvez.

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